Burundi notificó formalmente este jueves a Naciones Unidas su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), asestando un duro golpe a este tribunal, considerado un pilar de la justicia mundial.

La semana pasada, Sudáfrica fue el primer país en dar este paso oficialmente en Naciones Unidas, y Gambia también dijo que planea retirarse del Tratado de Roma, que instauró la CPI.

La ministra de Justicia de Brurundi, Lauterine Kanyana, entregó personalmente la carta oficial en la oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

La salida de un país de la CPI entra en vigor un año después de la recepción de la carta.

Las Naciones Unidas han pedido a Sudáfrica y a Burundi a que reviertan su decisión.

"Esa [solicitud de] retirada puede retirarse", dijo Stephane Dujarric, portavoz de la ONU.

La decisión de Burundi se produce después de que un enviado de la ONU, Jamal Benomar, viajara al país para tratar de relajar las tensiones sobre la salida de la CPI y la decisión del gobierno de Burundi de romper lazos con observadores de Naciones Unidas.

A la CPI, establecida en 2002, se le acusa frecuentemente de parcialidad contra África.

La corte lanzó en abril una investigación preliminar por las acusaciones de asesinatos, tortura y otras violaciones de derechos en Burundi.

Un informe de expertos en derechos de la ONU culpó a las fuerzas de seguridad y a la policía del presidente del país, Pierre Nkurunziza, por la violencia que lo azota desde 2015.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una comisión formal de investigación que pudiera ayudar a identificar a los responsables de esa violencia.

Burundi vive en un estado de tensión desde que Nkurunziza anunció en abril del año pasado que iba a postularse para un tercer mandato, para el que resultó elegido.

Más de 500 personas han muerto como consecuencia de la violencia y al menos 300.000 han huido del país.