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La Comisión Europea señaló este lunes que tiene "el deber" de vigilar si el código de conducta de sus funcionarios se respeta, tras la polémica creada por el anuncio de la contratación del expresidente del Ejecutivo comunitario José Manuel Durao Barroso por el banco estadounidense Goldman Sachs.
"Tenemos el deber, en tanto que Comisión Europea, de seguir si estos artículos [de los tratados de funcionamiento de la UE, NDLR] son respetados", dijo Margaritis Schinas, portavoz comunitario, en una rueda de prensa.
Estos artículos señalan que "en todos los casos, todos los exmiembros [de la Comisión] quedan atados a las obligaciones de integridad, discreción y secreto profesional", agregó Schinas.
El expresidente de la Comisión Europea (por dos periodos, 2004-2014), el portugués José Manuel Durao Barroso, fue contratado como consejero por el banco de negocios estadounidense Goldman Sachs, lo que fue criticado a viva voz en toda Europa.
El portugués se ocupará de las funciones de presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International, filial internacional del grupo estadounidense con sede en Londres, será asimismo consejero de Goldman Sachs, informó el banco en un comunicado la semana pasada.
El ex primer ministro de Portugal entre 2002 y 2004 fue presidente de la Comisión en un periodo en el que Europa y el mundo cayeron en la crisis financiera de 2008.
El banco Goldman Sachs estuvo ampliamente involucrado en la venta de complejos productos financieros, incluidos los créditos 'subprime', que contribuyeron al 'crash' financiero de 2008. El banco estadounidense también pudo haber ayudado a Atenas a maquillar la deuda de Grecia, antes de la crisis.
"José Manuel aportará un análisis y una experiencia inmensa en Goldman Sachs, en particular una comprensión profunda de Europa. Estamos impacientes de trabajar con él cuando continuamos ayudando a nuestros clientes a evolucionar en un contexto económico y de mercado incierto y delicado", declararon Michael Sherwood y Richard Gnodde, codirectores generales de Goldman Sachs International, citados en el comunicado.
La decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea complica la situación de la City de Londres como plaza financiera y plantea problemas de licencia de numerosos bancos, no europeos, para operar en Europa.
