El Congreso de Argentina aprobó la madrugada de este jueves la creación de una nueva agencia de inteligencia, luego de los cuestionamientos al servicio de espionaje tras la misteriosa muerte de un fiscal que había presentado una grave denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner.

Por 131 votos a favor y 71 en contra, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"Reformar la estructura de inteligencia era una deuda que tenía la democracia desde que regresó en 1983. Agentes secretos sin control de fondos sembraban pistas falsas en los casos judiciales", dijo a la AFP Diego Morales, director del humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La reforma, aprobada la semana pasada en el Senado, había sido enviada por Kirchner en enero al Congreso -controlado por el oficialismo- tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires con un balazo en la cabeza.

El punto que generó más controversias en el debate establece que la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia encargada de hacer las escuchas telefónicas, estará a cargo de la Procuración General de la Nación, hoy bajo responsabilidad de Alejandra Gils Carbó, a la que la oposición acusa de responder al Gobierno.

Sobre este tema, la diputada oficialista Diana Conti dijo que con esta ley las escuchas telefónicas quedarán subordinadas "totalmente al poder político y al poder judicial", retirándole a la antigua secretaría "la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial deje de existir", indicó.

Esta reforma era "una asignatura pendiente de estos 30 años de democracia", consideró el diputado Jorge Rivas, un socialista aliado del oficialismo, quien se comunica por computadora desde que quedó sin habla y cuadripléjico tras un asalto violento.

- Cortina de humo -

Morales agregó que "la SI era un organismo oscuro con autonomía del poder político y judicial. Agentes de inteligencia pagaron 400.000 dólares para que un imputado desviara la investigación del atentado contra la mutual AMIA con 85 muertos en 1994", el más grave fuera de Israel después de la II Guerra Mundial.

Aunque la reforma de los servicios de inteligencia argentinos, conocidos por extorsionar con una red de escuchas telefónicas a jueces, fiscales y hombres de poder, era reclamada por la mayoría de la oposición, la iniciativa de la presidenta cuando le restan 10 meses de mandato, fue rechazada por sus detractores por considerar que estaba desviando el eje del debate tras la muerte de Nisman.

"Nos llama la atención que después de 10 años de gobierno se desayunen con que (los servicios de inteligencia) desarrollan actividades ilegítimas e influencias en la Justicia. Esto es una cortina de humo que no va a resolver nada", advirtió el diputado Manuel Garrido, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR).

Federico Pinedo, del bloque Unión PRO (derecha) advirtió que "la ley contiene cláusulas alarmantes pues permite destruir archivos".

Desde el Frente de Izquierda (troskista), Nicolás del Caño advirtió que la ley "deja en pie el andamiaje del nefasto sistema de inteligencia y crea la AFI sobre la base de la casi totalidad del siniestro personal de la exSIDE (secretaría de Inteligencia del Estado)".

La nueva central de espías estará bajo la órbita del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la presidenta, que tendrá la opción de jubilar a los agentes que están en servicio desde la última dictadura militar (1976-1983).

- Cambios aprobados -

Durante el tratamiento, fueron introducidos algunos cambios al texto original, a instancias de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y expertos en seguridad, para establecer límites más claros a las tareas de espionaje.

La reforma establece además en 15 años el plazo máximo para la desclasificación de archivos.

La muerte de Nisman se produjo cuatro días después de haber acusado a la presidenta y a otros funcionarios de encubrir a exgobernantes iraníes por el atentado a la AMIA que lleva más de 20 años en la impunidad.

El gobierno puso la lupa en el poderoso exagente de inteligencia Antonio 'Jaime' Stiuso, estrecho colaborador de Nisman e ingresado al servicio de inteligencia argentino en 1972.

Stiuso había sido destituido en diciembre pasado junto a la cúpula de inteligencia.