La mayoría opositora en el Parlamento venezolano aprobó este miércoles un proyecto de ley que acorta el plazo para celebrar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero que los juristas consideran difícil concretar por escollos legales.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, declaró aprobada la iniciativa -denominada "ley de referendos"- tras la segunda discusión reglamentaria y ante el rechazo de la bancada chavista.

La norma, que para convertirse en ley debe ser sancionada por Maduro, fija un plazo de tres meses y medio para gestionar y realizar referendos, incluido el revocatorio de cargos de elección popular.

También regula las consultas populares sobre la aprobación de enmiendas constitucionales y leyes, y con respecto a la derogación de normas.

El diputado opositor Tomás Guanipa dijo durante el debate que ha llegado el momento de "preguntarle al país si quiere que el peor gobierno de la historia de Venezuela, el de Nicolás Maduro, se mantenga en el poder o si quiere abrir las puertas a un nuevo futuro".

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) impulsa el referendo revocatorio junto con una enmienda constitucional -cuya discusión empezó este miércoles en el Parlamento- para reducir el mandato de Maduro de seis a cuatro años.

El gobernante socialista cumplió el martes la mitad de su período, prometiendo ante miles de partidarios derrotar los planes de la oposición para sacarlo del poder.

Maduro ha dicho en varias ocasiones que le cerrará el paso a esas tentativas, que considera parte de un "golpe de Estado continuado".

"Es la crónica de un fracaso anunciado porque (...) los números no les dan, nos les dan los votos. En sus mismas redes sociales se decía que el referendo no va", afirmó durante la discusión la legisladora oficialista Tania Díaz.

Expertos constitucionalistas como José Ignacio Hernández han advertido sobre las dificultades para aplicar la "ley de referendos", recordando que muy seguramente deba pasar el filtro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la MUD acusa de ser un apéndice del chavismo gobernante.