Centenares de agentes de la UDEF participan desde primera hora de este martes en una operación contra el amaño de contratos en tecnología para la gestión del tráfico por parte de administraciones locales de toda la geografía de España, según han informado a eldiario.es fuentes próximas al dispositivo. Las principales comunidades afectadas son Catalunya, Madrid, Castilla y León y Asturias, entre otras.

Están previstas más de 60 detenciones en la operación, entre ellas de alcaldes y concejales de distintos municipios, además de empresarios y agentes de policía local. Entre los detenidos está el empresario José Luis Ulibarri -constructor y propietario de un conglomerado de medios de comunicación-, procesado en una de las piezas de la trama Gürtel. Inicialmente serán 15 los detenidos que pasarán a disposición del titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona, que coordina la operación, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

También han sido detenidos Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la diputación de León y que fue coordinador del partido en esa región, y José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local. Los amaños están relacionados con la instalación de semáforos y están investigados varios mandos de policías locales.

En conjunto, se practican 49 entradas y registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades, así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios. Entre los municipios investigados están Arroyomolinos, Navalcarnero, Villanueva de la Cañada o Fuenlabrada (en Madrid), San Andrés de Rabanedo y Villaquillambre en la provincia de León y los ayuntamientos de Mollet del Vallès y de Tiana, en la provincia de Barcelona. También en Palencia, A Coruña, Málaga, Zaragoza, Oviedo, Huesca, Teruel o Lleida.

Los posibles delitos que se investigan son prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

La empresa implicada en el caso es Aplicaciones Gespol, S.L., una filial del grupo Sacyr radicada en Catalunya que actualmente está integrada en el grupo Valoriza Servicios Integrales. La sede de la empresa en el barrio barcelonés del Bon Pastor es uno de los puntos donde se practican entradas y registros.

La operación se ha denominado Enredadera y en ella participan 580 agentes, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción. Los municipios implicados están gobernados por distintos partidos, principalmente el Partido Popular. Por contra, en Catalunya, donde el PP tiene una sola alcaldía, los consistorios bajo sospecha ?Lleida y Mollet del Vallès? están gobernados por el PSC. La investigación empezó en el año 2016.