La relación entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Gobierno de Francisco Camps fue muy estrecha y propició varios contratos a dedo de colaboración, sobre todo a través del Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde. Una de las tres imputadas que compartieron presuntamente máster con el flamante presidente del PP Pablo Casado, Álida C. Mas Taberner, propició uno de estos numerosos convenios entre la institución pública madrileña y la administración autonómica valenciana, que tiene bajo su paraguas hasta cinco universidades públicas.

Mas Taberner tendrá que declarar el próximo 2 de agosto en la pieza separada que ha abierto la jueza del caso Cifuentes sobre el máster en el que la URJC le convalidó 19 de las 23 asignaturas a Pablo Casado. Siendo subsecretaria de Turismo, Cultura y Deporte, la imputada informó favorablemente en octubre de 2011 sobre un convenio de la URCJ -en la que en 2009 se había sacado el mismo máster que Casado- con el Instituto Valenciano de Conservación y la Fundación Universidad y Empresa.

Mas Taberner, que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Valencia, fue una pieza clave en el Gobierno de Francisco Camps donde ocupó puestos estratégicos. Fue directora general de Relaciones con las Cortes entre 2003 y 2004, subsecretaria de Turismo entre 2005 y 2006, subsecretaria de Educación entre 2006 y 2009, subsecretaria de Bienestar Social entre 2009 y 2011 y subsecretaria de Turismo y Cultura entre 2011 y 2012, cesando en diciembre de 2012 cuando el campismo estaba de salida con la presidencia de Alberto Fabra.

La Conselleria del exdirector general de la policía con José María Aznar y expresidente de las Corts, Juan Cotino, pagó 30.000 euros para un seminario al Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde, también imputado en el caso máster, que incumplía el convenio.

La Universidad Rey Juan Carlos, que no el Instituto de Álvarez Conde, también asesoró a la Conselleria de Territorio cuando el exconseller actualmente en prisión Rafael Blasco fue titular de Territorio y Vivienda. Eso sí, Álvarez Conde trabajó personalmente en el asesoramiento de la Ley de Participación que impulsó Blasco en la Conselleria de Solidaridad a finales de 2007.