La Asamblea Nacional venezolana inició hoy la discusión por la reforma parcial de Código Orgánico Procesal Penal. Denuncian que buscan ampliar el poder del Estado para interceptar conversaciones

Entre los aspectos de interés propuestos para esta reforma, se encuentra el artículo 219 el cual habla sobre la interceptación o grabación de comunicaciones privadas.

Según el proyecto podrá disponerse, conforme a la ley, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier otro medio, cuyo contenido se transcribirá y agregará a las actuaciones.

El presidente de la Comisión Política Interior, Tulio Jiménez, al presentar la propuesta de reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señaló en su intervención que lo planteado en la reforma respecto a las intervenciones telefónicas ya existe en el COPP vigente.

Por otra parte, aseguró que sólo se le agregará la necesidad de que las empresas de telecomunicaciones, financieras y bancarias están en la obligación de mantener un personal las 24 horas del día a los efectos de proporcionar informaciones que se requieran para la resolución de algunos casos.

Por su parte, el diputado Ismael García anunció que denunciará ante el Tribunal Supremo de Justicia el proyecto de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que considera que persigue "criminalizar a la población y terminar de acorralar a los medios de comunicación", informó Globovisión en su edición digital.

Según el diario El Nacional, si aprueban la reforma, no sólo la Fiscalía General podrá interceptar o grabar comunicaciones privadas, sino que los organismos públicos o empresas privadas de telecomunicaciones también estarán obligados a crear unidades para efectuar ese trabajo y colaborar con el Estado.

Esa disposición la establece el artículo 19 propuesto por la Comisión de Política Interior del Parlamento, cuyo informe de 20 páginas y que cambiaría 29 artículos fue aprobado en primera discusión y enviado a secretaría para que lo incluya en agenda legislativa, posiblemente para hoy.

"Los entes públicos o privados que presten servicio de telecomunicaciones crearán unidades de telecomunicaciones de 24 horas y 7 días a la semana encargadas de procesar y suministrar en tiempo real las informaciones requeridas por el Ministerio Público o las autoridades competentes", señala la modificación.